La migración es cosa de metáforas

Fuente: El País

Los giros retóricos exageran el número de inmigrantes y los pintan como hostiles

28 MAR 2014 – 00:00 CET

La forma en que se piensan y se tratan los actuales movimientos migratorios es, en gran medida, cosa de metáforas. Las migraciones se nos presentan con frecuencia enmarcadas en torno a determinadas figuras metafóricas, a veces implícitas y otras manifiestas. Para ello resulta sumamente ilustrativo el análisis del modo en que en la esfera pública se abordan las noticias relacionadas con la cuestión migratoria, de cuál es el enfoque elegido, el diseño de presentación y las estrategias discursivas.

Las metáforas más recurrentes a la hora de referirse a las migraciones son, sin duda, las hídricas. Las migraciones se asemejan a flujos, corrientes y olas. Y cuando se alude a ellas de manera amplificada y se quiere denotar que la situación se encuentra desbordada, entonces toman el carácter de oleadas, mareas, avalanchas, aluviones y riadas. Y más recientemente, incluso se recurre al nuevo y desgraciadamente famoso término tsunami, resaltándose con ello el carácter incontenible de la llegada de migrantes.

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La burocracia deja sin sanidad pública al bebé de dos inmigrantes con papeles

Fuente: El País

La niña permanece siete meses sin asistencia por malentendidos administrativos

 

Marian se ha pasado la primera etapa de su maternidad entre el placentero arrobamiento por su bebé y la indignación y el miedo constantes: su pequeña, nacida hace 16 meses en A Coruña, ha estado los últimos siete sin cobertura sanitaria pública. “Los nueve primeros meses estuvo en mi cartilla; después, ha tenido derecho a la asistencia en Urgencias pero le han negado todas las revisiones periódicas preventivas a las que se someten todos los niños españoles”. En realidad, la hija de Marian —argentina con más de 12 años de residencia legal en Galicia, en donde tiene trabajo estable y paga puntualmente, como su compañero, sus impuestos— no es todavía española. Al menos a efectos de derechos básicos. Tampoco es argentina. El bebé, nacido en A Coruña en octubre de 2012, ha estado hasta ahora en un borroso limbo como consecuencia de un malentendido burocrático.

Si Marian y su pareja hubieran sido ilegales en España todo habría sido más fácil: a su niña la habrían incluido en el Programa Galego de Saúde garantizándole la cobertura sanitaria pública. Pero la maquinaria burocrática se tornó plomiza en su caso. El viernes pasado, tras más de un año de un vía crucis administrativo que mantuvo a la pequeña sin nacionalidad —y sin derechos—, una trabajadora social del Servicio Galego de Saúde (Sergas) solucionó el problema: inscribió a la pequeña en ese Programa Galego de Saúde que le da derecho a asistencia sanitaria plena en esta comunidad. La solución llega al mismo tiempo que la concesión de la nacionalidad española para la pequeña. Tarde, aunque “afortunadamente”, puntualiza la madre de la criatura, “yo tenía un seguro privado y la niña es muy sana”.

El primer escollo en los derechos de la hija de Marian surgió el mismo día en que nació. La madre quiso inscribirla en el juzgado pero allí le dijeron que tenía que ir al consulado argentino. Los funcionarios del registro indicaron que debía cumplir con ese trámite previo, explica esta mujer, para que su país de origen no la reconociera como argentina: “¡Mi niña tenía que ser apátrida!”, exclama Marian, aún alarmada por una situación que no comprende. “Me dijeron que el nacer en España no le daba derecho a ser española”, sigue relatando, “que la nacionalidad se la transmite la madre y yo, aunque pendiente del último trámite, el del juramento, que han tardado tres años en convocar desde que el Gobierno aceptó mi solicitud, aún no tenía el Documento Nacional de Identidad”.

Marian consiguió el DNI hace un mes, cuando por fin pudo realizar el juramento de fidelidad al Rey y a la Constitución y cuando su niña llevaba ya tiempo sin derecho a la sanidad pública; tres años después de tener una resolución favorable a su petición de nacionalidad; y casi 12 después de mantener un trabajo, ingresos y residencia estables en Galicia. “Me marearon. En cada institución me decían una cosa; es para volverse locos”, sentencia.

Cuando la pequeña cumplió los nueve meses tuvo que retirarla de su cartilla. “Si mi hija hubiera sido hija de ilegales no habríamos tenido ningún problema: le habrían dado la cobertura sanitaria al nacer; el problema es que no tenía nacionalidad”, se lamenta Marian todavía mientras recuerda que en la Tesorería de la Seguridad Social le propusieron incluir a la niña en un programa de menores sin recursos. Pero cuando llamó al centro de salud que le corresponde en A Coruña para que examinaran a su pequeña, le dijeron que tendría que haberla inscrito en el departamento de Extranjería. “No podía creérmelo, porque había ido cuatro veces a Extranjería buscando soluciones y cada vez me habían dicho una cosa distinta. No podía entender cómo me ocurría esto”.

Una de las últimas opciones que le ofrecieron fue concederle a su hija una tarjeta para menores en situación de exclusión social “cuando mi niña no lo está, no es el caso: su padre y yo tenemos trabajo, recursos y pagamos siempre nuestros impuestos. Me pareció increíble. No paraba de preguntarme qué hacían con nuestro dinero”.

La solución llegó hace una semana de la mano de la trabajadora social del Sergas que la alertó de que el problema residía en la falta de nacionalidad de la pequeña. “Mi hija no era nada: ni española ni argentina; entre unos y otros la mantuvieron en esta situación”, explica.

Ahora, mientras insiste en agradecer el trabajo de los empleados del Sergas, “los únicos que en estos 16 meses han estado conmigo buscando una solución, hasta encontrarla”, el Estado le concede a la pequeña la nacionalidad española que le transfiere su madre (la ha obtenido hace poco más de un mes). Como las alegrías nunca vienen solas, la niña consigue sus plenos derechos al mismo tiempo que la sanidad gallega le garantiza todas las prestaciones de las que ha carecido durante los últimos siete meses.

Un complejo viaje a la identidad que se habría evitado si “en cuanto nació la niña” le “hubieran informado bien en la Seguridad Social, en donde le dieron un alta que no era válida”.

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Ser mujer en los Centros de Internamiento de Extranjeros

Fuente: Diagonal

Olga fue a comisaría a denunciar una violación y terminó encerrada en un Centro de Internamiento de Extranjeros. Varios informes documentan cómo afectan a las mujeres los abusos y las vejaciones en los CIE.

Madrid
“Yo miraba todo, las cámaras, las rejas, era como una cárcel (…). Mu­chos policías mirándome como si yo fuera una mierda (…).En 52 años de mi vida nunca había estado en ningún sitio parecido. Madre mía, entonces sólo pienso ¿pero qué ha pasado conmigo en España?”. Así narra Olga su paso por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el informe Violadas y expulsadas de la Fundación Aspacia. Olga fue a comisaría a denunciar una violación y terminó encerrada en el CIE durante 48 días por encontrarse en situación administrativa irregular. Du­rante esos 48 días y como consecuencia de la violación, Olga presentaba sangrado vaginal, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica o psicológica, más allá de calmantes y compresas.

Como afirma la Asocia­ción para la Prevención de la Tor­tu­ra, las mujeres se enfrentan a mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres. Si bien las “causas profundas” de esta vulnerabilidad con frecuencia son externas al entorno físico de la detención, se intensifican “significativamente en los lugares de privación de libertad”. La propia Conven­ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW) define esta discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo” que dé como resultado la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Estos derechos han de garantizarse, reconociendo las necesidades particulares de las mujeres, tanto las que están privadas de libertad como aquellas a las que se ha aplicado otras medidas no privativas de libertad, introduciendo las salvaguardas necesarias ante los malos tratos y situaciones de especial vulnerabilidad.

El caso de Olga es tan sólo una de esas múltiples vulneraciones de derechos que se producen en los CIE: desde la captura a la expulsión pasando por el internamiento, se ejerce contra las mujeres una red de abusos y violaciones sistemáticas de derechos en forma de violencia patriarcal e institucional.

Violencia sexual

La propia privación de libertad supone una mayor probabilidad de sufrir violencia, tanto por parte de los funcionarios encargados de su custodia como por parte de otros internos. Como afirma el informe del secretario general de Naciones Unidas: “La violencia sexual, en particular la violación, cometida contra las mujeres detenidas se considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de su derecho a la integridad física, y consiguientemente pueden constituir tortura”.

Entre las irregularidades documentadas se encuentran vulneraciones al derecho a la salud como la no asistencia en caso de embarazo o interrupción de éste y, por supuesto, la imposibilidad total de una interrupción voluntaria del embarazo, además de la interrupción de tratamientos médicos como el del VIH o tratamientos hormonales de personas trans. En este sentido, conviene recordar la muerte de Samba Martine en 2011, que, tras solicitar atención médica hasta en diez ocasiones, terminó muriendo sin ser adecuadamente diagnosticada y tratada.

La cadena de vulneraciones y tratos discriminatorios se traslada a los propios usos de los tiempos y los espacios. Por ejemplo, la Campaña por el Cierre de los CIE en su último informe, ¿Cuál es el delito?, denuncia la obligación de limpiar las instalaciones de su módulo (cuando el módulo de hombres es limpiado por empresas) o que las mujeres disfruten de menor tiempo de patio.

La situación es especialmente alarmante teniendo en cuenta que son las propias autoridades las encargadas de la detección de personas en situación de especial vulnerabilidad como son las solicitantes de asilo o protección humanitaria, o las mujeres sometidas a trata con fines de explotación sexual. Women’s Link, a través de la red de Ferrocarril Clan­destino, denunció el caso de A.B.M, víctima de trata con fines de explotación sexual, que no recibió ninguna protección y fue objeto de intentos de deportación en varias ocasiones. Finalmente, las organizaciones sociales consiguieron identificar el caso y poner en marcha el protocolo correspondiente para solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Hu­manos (TEDH) las medidas cautelares para paralizar la deportación. Casos como éstos dan muestra de cómo se incumple la obligación de que el personal encargado de la identificación esté adecuadamente formado y cualificado, ya que deben primar la no devolución en caso de peligro a la vida o la integridad de la persona.

Según afirma la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla, el 90% de las mujeres encarceladas en los CIE no han cometido ningún delito. Todas están sujetas a vejaciones y vulneraciones de derechos, aún cuando en muchos casos éstas deberían ser protegidas especialmente. La violación de los derechos de las mujeres se produce en una institución estatal de gestión policial, opaca y arbitraria que posibilita el abuso y la impunidad de forma estructural. La esperanza está en que, como dijo Angela Davis, “el camino hacia la libertad siempre ha sido acechado por la muerte”.

Violaciones que se taparon con las expulsiones

En 2006, Andalucía Acoge denunció a siete funcionarios policiales por presuntos abusos sexuales a internas. A pesar de que las mujeres que testificaron pidieron protección y se solicitó la suspensión de las órdenes de expulsión, finalmente fueron expulsadas. Un modus operandi que se repitió en el año 2010 con Noura, quien fue violada por un agente en el calabozo de la comisaría. 
Vulneración de la libertad e indemnidad sexuales, amenazas de contenido sexual, penetraciones con miembros u objetos, revisiones sin ropa por hombres o en presencia de éstos, o la vigilancia inadecuada de baños y dormitorio. Existe una grave discriminación a la identidad y orientación sexual que se concreta en insultos, amenazas u otras agresiones verbales y sanciones como el aislamiento o la limitación en el acceso a servicios básicos.

FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN: Los sucesos de Ceuta y las “devoluciones en caliente” violan la normativa española, europea e internacional.

Fuente: Foro Galego da Inmigración

Medio centenar de entidades, entre las que se encuentra el Foro Galego de Inmigración envían Informe a la Comisión Europea y al Consejo de Europa

Un dossier sobre los trágicos acontecimientos protagonizados el pasado 6 de febrero por 300 personas migrantes, todas ellas de origen subsahariano, en la playa de Tarajal, Ceuta, ha sido entregado a Cecilia Malmström, Comisaria Europea de Interior, y a D. Thierry Mariani, Presidente del Comité de Migraciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

El dossier documenta extensamente la intervención de la Guardia Civil, su posible responsabilidad en la violación de derechos fundamentales de las personas migrantes y de potenciales demandantes de asilo así como el amparo ofrecido a dicha actuación por parte del director general de la Guardia Civil y del ministro del Interior.

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Entonces, ¿qué? ¿Abrimos las fronteras?

Fuente: ElDiario.es

En cuanto alguien cuestiona la política de extranjería, no tarda en aparecer la misma pregunta trampa

No falla. En todo debate sobre inmigración, cuando alguien cuestiona la política de extranjería, lo mismo en una tertulia televisiva que en una cena de amigos, no tarda en aparecer el pesado de siempre con la misma pregunta, ya amarillenta, que te arroja como un cubo de agua: “Entonces, ¿qué? ¿Dejamos las fronteras abiertas y que entren todos?”.

Ahí suelen encallar la mayoría de debates, en un callejón sin salida. En una trampa. Porque la sola formulación de la pregunta ya es una encerrona, una forma tramposa de anular tus argumentos por la vía de cogerte, sacarte en volandas de la tertulia o la cena de amigos, llevarte en un coche oficial y depositarte en el sillón de presidente del Gobierno, para después ponerte en la mano la pluma de firmar decretos: “venga, a ver qué haces ahora, listo, a ver si te atreves a abrir las fronteras”.

Pues no, oye. No te dejes llevar al callejón otra vez. Defiéndete. Para empezar, niégate a responder la pregunta trampa. Primero, porque no es tu problema, no lo has creado tú como para ahora tener que resolverlo en 24 horas. Segundo, porque no vale hablar aisladamente de fronteras, sino de todo un sistema fallido que hace que miles de personas sean expulsadas de sus tierras. La respuesta sensata es: “sí, defiendo la apertura de fronteras, pero dentro de una transformación radical que va mucho más allá de la ley de extranjería.” Seguir lendo

Bruselas advierte de que los inmigrantes sin papeles tienen derecho a pedir asilo

Fuente: El País

 Bruselas 24 FEB 2014 – 16:39 CE

Bruselas ha verbalizado hoy lo que sus expertos llevan días sospechando: que las devoluciones en caliente que pretende aplicar el Gobierno español no se ajustan a la norma comunitaria. La ley europea establece que todo extranjero que llega a territorio de la UE tiene el derecho de pedir asilo y las autoridades tienen el deber de verificar si esa petición es procedente. “La ley europea es muy clara”, ha subrayado un portavoz de la Comisión Europea, que ha rechazado pronunciarse expresamente sobre el caso español con el argumento de que, de momento, no hay detalles del proyecto que quiere aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Seguir lendo