El PP catalán lleva el endurecimiento del padrón a su programa electoral

Reproducimos a continuación la noticia dada por El País.

La propuesta del PP es ilegal y ellos lo saben. Simplemente han calculado que les dará votos ofrecer un perfil más xenófobo. En lugar de contribuir al diálogo intercultural, prefieren fomentar la intolerancia y la violencia racial para conseguir una ventaja electoral. Acciones como esta construyen un clima social violento, no frenan la inmigración (que no hay por qué frenarla y que además es apenas existente, dada la crisis que padecemos). Su único resultado es complicar la vida de los inmigrantes residentes y de los vecinos autóctonos.

A continuación, la noticia de El País:

El Partido Popular de Cataluña quiere cumplir a rajatabla las condiciones de empadronamiento de los inmigrantes y ceder el padrón a la policía para intensificar el control sobre los inmigrantes en situación irregular. En el borrador del programa electoral que aprobará la semana que viene plantea exigir a los inmigrantes que estén en situación irregular “una identificación legal”, como un pasaporte. La Ley de Bases del Régimen Local ya estipula que para empadronarse es preciso presentar un documento identificativo, se tengan o no papeles, aunque en el caso de los españoles, suelen ser suficientes documentos como el contrato de alquiler de una vivienda o cualquier recibo de luz, agua o gas para empadronarse. El trámite del padrón es fundamental para los inmigrantes, porque les garantiza el acceso a la sanidad y la educación públicas. El objetivo, señala el borrador del texto, es “que el empadronamiento no se convierta en la puerta falsa de entrada a nuestro país”.

Además del trámite en sí mismo, los populares catalanes proponen que los ayuntamientos “cumplan con el deber legal de ceder los datos del padrón” a la policía “con la finalidad del control y permanencia de los inmigrantes y reclamar al Gobierno del Estado la exigencia de su cumplimiento”. La posibilidad de que los ayuntamientos cedan los datos del padrón a la policía -prevista si existe un delito, pero no indiscriminadamente- ha sido criticada en reiteradas ocasiones por las ONG que trabajan con inmigrantes, que temen que esta traslación de datos facilite la expulsión de los inmigrantes sin papeles.

Campaña de mano dura

Con esta propuesta electoral se constata que el PP catalán hará bandera de la mano dura contra la inmigración durante la campaña para las autonómicas del 28 de noviembre. Hace unas semanas, coincidiendo con la expulsión de gitanos rumanos de Francia por parte del Gobierno de Sarkozy la candidata Alicia Sánchez-Camacho recorrió los barrios con mayor población rom de Badalona, un municipio pegado a Barcelona.

La política de padrón que sugieren los populares en Cataluña enlaza también con la polémica del pasado mes de enero, cuando el ayuntamiento de Vic -con una elevada tasa de población migrada y feudo del partido ultraderechista Plataforma per Catalunya, liderado por Josep Anglada- amagó con vetar el padrón a los inmigrantes.

Sin embargo, el final de la polémica de Vic demuestra que la propuesta del PP no es más que un brindis al sol. Las normas sobre empadronamiento son estatales, dependen del Ministerio del Interior y son iguales para todos los ayuntamientos, por lo que Sánchez Camacho no podría alterarlas ni siquiera aunque gobernara en Cataluña. La norma vigente, aprobada cuando Mariano Rajoy era ministro del Interior, indica que hay que empadronar a todos los inmigrantes, sean o no irregulares, porque la finalidad del padrón es informativa -saber cuánta gente vive en un municipio- y no de control de la inmigración.

De hecho, el informe de la Abogacía del Estado que analizó el caso de Vic concluyó que la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal “procede” con independencia de que éstos se encuentren en situación legal en el país, por lo que, en consecuencia “no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España”. El ayuntamiento de Vic decidió acatar esta orden de la Abogacía del Estado.

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