Salvemos la hospitalidad

Foro Galego de Inmigración  no marco da Campaña Estatal Salvemos a Hospitalidade que desenvolve e promove xunto con outras entidades e asociacións do conxunto do Estado  difunde en Galicia a nota oficial da Campaña  Estatal que fai balanzo da mesma ata este momento:

 La moción contra la reforma del Código Penal que criminaliza la solidaridad se ha aprobado ya en 43 ayuntamientos de todo el país
Valencia, Málaga, Sevilla, Getafe, Palma de Mallorca, Córdoba o Alicante son algunas de las ciudades que rechazan la reforma del Código Penal.

El texto de la  campaña www.salvemoslahospitalidad.org  también ha sido aprobado en el Parlamento de Navarra y las Cortes de Aragón · En los cuatro primeros meses de campaña se ha presentado la moción en 104 administraciones públicas, como refleja el ‘mapa de la hospitalidad’ que se puede encontrar en la web · Cáritas España o Eapn-España se han sumado a la campaña, promovida por una veintena de organizaciones sociales.

El pasado mes de febrero, una veintena de entidades sociales de todo el país lanzamos la campañawww.salvemoslahospitalidad.org. La iniciativa buscaba centralizar las acciones que rechazan la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular, como incluía el borrador de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno. Hoy, cuatro meses después, podemos decir que la cifra de entidades sociales que apoyan esta campaña en todo el país se ha duplicado hasta superar las 40, con nombres como el de Cáritas España o EAPN-España, que se unen a Médicos del Mundo, Andalucía Acoge, CEAR, PICUM o Pueblos Unidos, entre otras.

Pero la campaña no se ha quedado ahí, sino que ha entrado en la vida institucional de gran parte del país: a la defensa de la hospitalidad se han sumado ya 43 ayuntamientos de todo el país, entre los que destacan los de ciudades como Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Murcia, Córdoba, Getafe, Avilés, Vila-Real, Jaén, Barakaldo, Soria, Rubí o Linares, entre otros, así como el Parlamento de Navarra y las Cortes de Aragón. Municipios de tamaño diverso y repartidos por todo el país, que representan también a muchos ciudadanos y que demuestra el importante rechazo por parte de la sociedad española a la persecución de la solidaridad en el Código Penal.

En total, se han presentado 104 mociones: 99 en ayuntamientos –con un resultado de 43 aprobadas, 10 denegadas y 46 en tramitación sin resolución todavía-, cuatro en parlamentos –con el resultado de dos aprobados, una en tramitación y otra denegada- y una en diputaciones –la de Málaga, que no debatió la moción-.

Salvemos la hospitalidad surgió como respuesta a la reforma del Código Penal que tipifica la solidaridad como delito. El artículo 318 bis del Código Penal nació como garante de la protección de las personas afectadas por ciertas actividades derivadas de los flujos migratorios, como la trata de seres humanos o el tráfico de inmigrantes. Sin embargo, con la modificación de dicho artículo que pretende llevar a cabo el Gobierno, el artículo incluirá también que actuar de forma humanitaria puede convertirse en delito, algo que originó la campaña Salvemos la Hospitalidad. Ese primer texto que incluía el borrador de reforma del Código Penaldejaba a manos del Ministerio Fiscal la decisión sobre qué ayuda humanitaria y solidaria podía ser considerada delito, algo que hemos denunciado con esta campaña.

Gracias a la presión de muchas entidades sociales que han unido sus fuerzas en www.salvemoslahospitalidad.orgel artículo ha sido ya modificado. Sin embargo, lo que supone un importante paso adelante, se volverá a quedar en nada, porque la nueva propuesta gubernamental para el texto sigue penalizando la solidaridad. Ahora, el texto indica que los casos de ayuda a personas inmigrantes en situación administrativa irregular “no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar, de forma ocasional, ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Es decir, aparece un nuevo matiz, la palabra “ocasional”, penalizando la ayuda humanitaria prestada de modo constante y que también implica la penalización de una opción moral hecha compromiso de vida. Cuando, insistimos, la solidaridad nunca deberá estar castigada en el Código Penal ni en ningún otro sitio.

La web www.salvemoslahospitalidad.org también nació con la intención de facilitar a otras organizaciones y personas unirse a la campaña mediante diversas fórmulas. Una de ellas era la presentación de mociones en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos del país en las que se pedía la retirada de la inclusión de la solidaridad en el Código Penal. 

Así, desde el pasado mes de febrero la moción ha sido presentada en cerca de un centenar de ayuntamientos y gobiernos autonómicos de España. Y mientras se debate en 46 plenos municipales, como decíamos, ya ha sido aprobada en 43 ayuntamientos. De hecho, existe un ‘Mapa de la hospitalidad’ en la web www.salvemoslahospitalidad.org donde están recogidas todas estas mociones presentadas y, también, los actos reivindicativos en torno a la campaña. Un mapa de fácil acceso para todos y que se va actualizando constantemente.

Y, aunque el crecimiento de la campaña no cesa, las entidades promotoras de Salvemos la hospitalidad no queremos quedarnos ahí.Así que volvemos a invitar a sumarse a todas las organizaciones sociales, ONG, personas físicas… Y a presentar la moción Salvemos la hospitalidad en el ayuntamiento de sus municipios. Todos los materiales para ello están disponibles públicamente en la webwww.salvemoslahospitalidad.org. Ahí se puede encontrar desde el modelo para descargar y completar hasta imágenes para personalizar cuentas de redes sociales y carteles con los que apoyar la campaña en actos públicos.

Por último, recordamos que esta acción está enmarcada dentro de las actividades iniciadas por la plataforma Salvemos la hospitalidad con la recogida de firmas a través de la plataforma change.org (anímate a firmar si aun no lo has hecho) para tratar de modificar la redacción del artículo 318 bis del borrador de código penal que está trabajando el Gobierno.

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