Ser mujer en los Centros de Internamiento de Extranjeros

Fuente: Diagonal

Olga fue a comisaría a denunciar una violación y terminó encerrada en un Centro de Internamiento de Extranjeros. Varios informes documentan cómo afectan a las mujeres los abusos y las vejaciones en los CIE.

Madrid
“Yo miraba todo, las cámaras, las rejas, era como una cárcel (…). Mu­chos policías mirándome como si yo fuera una mierda (…).En 52 años de mi vida nunca había estado en ningún sitio parecido. Madre mía, entonces sólo pienso ¿pero qué ha pasado conmigo en España?”. Así narra Olga su paso por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el informe Violadas y expulsadas de la Fundación Aspacia. Olga fue a comisaría a denunciar una violación y terminó encerrada en el CIE durante 48 días por encontrarse en situación administrativa irregular. Du­rante esos 48 días y como consecuencia de la violación, Olga presentaba sangrado vaginal, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica o psicológica, más allá de calmantes y compresas.

Como afirma la Asocia­ción para la Prevención de la Tor­tu­ra, las mujeres se enfrentan a mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres. Si bien las “causas profundas” de esta vulnerabilidad con frecuencia son externas al entorno físico de la detención, se intensifican “significativamente en los lugares de privación de libertad”. La propia Conven­ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW) define esta discriminación como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo” que dé como resultado la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres. Estos derechos han de garantizarse, reconociendo las necesidades particulares de las mujeres, tanto las que están privadas de libertad como aquellas a las que se ha aplicado otras medidas no privativas de libertad, introduciendo las salvaguardas necesarias ante los malos tratos y situaciones de especial vulnerabilidad.

El caso de Olga es tan sólo una de esas múltiples vulneraciones de derechos que se producen en los CIE: desde la captura a la expulsión pasando por el internamiento, se ejerce contra las mujeres una red de abusos y violaciones sistemáticas de derechos en forma de violencia patriarcal e institucional.

Violencia sexual

La propia privación de libertad supone una mayor probabilidad de sufrir violencia, tanto por parte de los funcionarios encargados de su custodia como por parte de otros internos. Como afirma el informe del secretario general de Naciones Unidas: “La violencia sexual, en particular la violación, cometida contra las mujeres detenidas se considera una violación particularmente flagrante de la dignidad intrínseca de los seres humanos y de su derecho a la integridad física, y consiguientemente pueden constituir tortura”.

Entre las irregularidades documentadas se encuentran vulneraciones al derecho a la salud como la no asistencia en caso de embarazo o interrupción de éste y, por supuesto, la imposibilidad total de una interrupción voluntaria del embarazo, además de la interrupción de tratamientos médicos como el del VIH o tratamientos hormonales de personas trans. En este sentido, conviene recordar la muerte de Samba Martine en 2011, que, tras solicitar atención médica hasta en diez ocasiones, terminó muriendo sin ser adecuadamente diagnosticada y tratada.

La cadena de vulneraciones y tratos discriminatorios se traslada a los propios usos de los tiempos y los espacios. Por ejemplo, la Campaña por el Cierre de los CIE en su último informe, ¿Cuál es el delito?, denuncia la obligación de limpiar las instalaciones de su módulo (cuando el módulo de hombres es limpiado por empresas) o que las mujeres disfruten de menor tiempo de patio.

La situación es especialmente alarmante teniendo en cuenta que son las propias autoridades las encargadas de la detección de personas en situación de especial vulnerabilidad como son las solicitantes de asilo o protección humanitaria, o las mujeres sometidas a trata con fines de explotación sexual. Women’s Link, a través de la red de Ferrocarril Clan­destino, denunció el caso de A.B.M, víctima de trata con fines de explotación sexual, que no recibió ninguna protección y fue objeto de intentos de deportación en varias ocasiones. Finalmente, las organizaciones sociales consiguieron identificar el caso y poner en marcha el protocolo correspondiente para solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Hu­manos (TEDH) las medidas cautelares para paralizar la deportación. Casos como éstos dan muestra de cómo se incumple la obligación de que el personal encargado de la identificación esté adecuadamente formado y cualificado, ya que deben primar la no devolución en caso de peligro a la vida o la integridad de la persona.

Según afirma la catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla, el 90% de las mujeres encarceladas en los CIE no han cometido ningún delito. Todas están sujetas a vejaciones y vulneraciones de derechos, aún cuando en muchos casos éstas deberían ser protegidas especialmente. La violación de los derechos de las mujeres se produce en una institución estatal de gestión policial, opaca y arbitraria que posibilita el abuso y la impunidad de forma estructural. La esperanza está en que, como dijo Angela Davis, “el camino hacia la libertad siempre ha sido acechado por la muerte”.

Violaciones que se taparon con las expulsiones

En 2006, Andalucía Acoge denunció a siete funcionarios policiales por presuntos abusos sexuales a internas. A pesar de que las mujeres que testificaron pidieron protección y se solicitó la suspensión de las órdenes de expulsión, finalmente fueron expulsadas. Un modus operandi que se repitió en el año 2010 con Noura, quien fue violada por un agente en el calabozo de la comisaría. 
Vulneración de la libertad e indemnidad sexuales, amenazas de contenido sexual, penetraciones con miembros u objetos, revisiones sin ropa por hombres o en presencia de éstos, o la vigilancia inadecuada de baños y dormitorio. Existe una grave discriminación a la identidad y orientación sexual que se concreta en insultos, amenazas u otras agresiones verbales y sanciones como el aislamiento o la limitación en el acceso a servicios básicos.

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