Cerca de 900.000 personas en España han perdido el derecho a la asistencia sanitaria

Fuente: Nueva Tribuna

Más sesenta organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, entre las que se cuenta Amnistía Internacional oMédicos del Mundo, han lanzado un manifiesto para exigir al Gobierno cambios en la política sanitaria cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del Decreto de 2012 de ‘medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’.

Bajo el título ‘Contra la exclusión social sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, los firmantes del manifiesto denuncian los impactos que está produciendo la política sanitaria puesta en marcha por el Gobierno del PP y los “incumplimientos” de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Con el Real Decreto, la asistencia sanitaria en España ha dejado de ser un derecho para pasar a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Los promotores del manifiesto también recuerdan que se ha restringido ciertas prestaciones y se ha aumentado la carga económica directa para las personas.

Colectivos especialmente vulnerables

Por todo esto, afirman “el balance no puede ser más negativo”. Según datos aportados por el propio Gobierno, al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria en España en estos dos años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Se trata de colectivos especialmente vulnerables que también contribuyen a la financiación del sistema público de sanidad a través de impuestos.

Y es que, aunque el decreto reconoce el derecho a la atención de embarazadas, menores, o atención en urgencias, se han originado numerosos casos de desatención agravados por la exigencia de firma de compromisos de pago o la facturación indebida. Los más dramáticos acabaron en muerte como fueron los casos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.

Las mujeres migrantes son uno de los colectivos a los que se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria.

Deterioro de la cohesión territorial

También se pone de manifiesto que la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de las Comunidades Autónomas “ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo”.

Asimismo la reforma sanitaria incumple o contraviene estándares internacionales dederechos humanos tal y como vienen denunciando organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, sin que el Gobierno haya hecho nada por cumplir estas recomendaciones. El propio Tribunal Constitucional afirma que no se puede restringir el derecho a la salud por motivos fiscales, un ahorro que, por otra parte, aún no ha cuantificado el Ejecutivo.

Las organizaciones exigen una Ley de Sanidad que nazca con consenso, que garantice la universalidad de la asistencia sanitaria como establece la OMS, para que “toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud”.

Firmantes del Manifiesto

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