Amnistía Internacional lanza una campaña contra la legalización de las devoluciones en caliente

Fuente: eldiario.es

La organización internacional anima a los ciudadanos a grabar vídeos para exigir al Gobierno que “no de un portazo a los refugiados”

“Queremos recordar a las autoridades españolas que ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas”

Amnistía Internacional es una de las organizaciones internacionales que lleva años denunciando la ilegalidad de las expulsiones sumarias de inmigrantes en las fronteras. Ante el nuevo intento del Gobierno de legalizar las devoluciones en caliente, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña contra esta iniciativa que, según denuncian, “dan un portazo a los refugiados” en Ceuta y Melilla, dos ciudades consideradas por la ONG como “territorios sin derechos”.

De esta forma, pone en marcha la campaña #PortazoAlGobierno en redes sociales, donde la organización pide a los ciudadanos que se graben y difundan portazos simbólicos contra “las devoluciones sin garantías de personas migrantes y refugiadas en Ceuta y Melilla”.

“Es inaceptable que el grupo parlamentario popular, a través de una enmienda a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pretenda modificar la Ley de Extranjería e introducir un mecanismo sin garantías para rechazar a personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla”, aseveran desde Amnistía Internacional España a través de un comunicado.

“Queremos recordar a las autoridades españolas que ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria, y también tendrá que asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria”, ha manifestado Virginia Álvarez, experta de la organización.

Amnistía Internacional recuerda que las expulsiones sumarias, “además de estar prohibidas por el derecho internacional, pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a España huyendo de sus países”. Con estas devoluciones, aseguran “el Gobierno español puede exponerlas a ser perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso puede poner en peligro su vida tanto en los países de origen como en los de tránsito, como es el caso de Marruecos”.

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